Crucifijos y Educación para la Ciudadanía

Como cada año por estas fechas, aniversario de la aprobación en referéndum de nuestra Constitución, he vuelto a leer con atención la norma jurídica que regula y ampara nuestra convivencia democrática.
La lectura de los artículos 9, 14, 16, y el capítulo Cuarto del Título Primero, me ha traído a la memoria dos recientes sentencias de los Tribunales de Castilla y León y las dispares reacciones que las mismas han provocado en el gobierno de nuestra Comunidad Autónoma.
Me estoy refiriendo a las sentencias sobre la presencia de símbolos religiosos en las aulas de los colegios públicos y sobre la objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC).
Respecto a la EpC, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Valladolid estimó, como medida cautelar, la suspensión de la resolución del consejero de Educación, Juan José Mateos, en la que se denegaba la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía por lo que queda sin “eficacia jurídica la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluado” según recoge la resolución judicial.
A su vez, en el asunto de los crucifijos presentes en las aulas de algunos centros públicos, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid ha dictado una sentencia en la que obliga al colegio público Macías Picavea a retirar los símbolos religiosos de las aulas y espacios comunes, por entender que vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16.1 de la Constitución que hacen referencia a la igualdad y la libertad de conciencia. En ambos casos la administración implicada es la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, y más concretamente la Consejería de Educación de la misma.
De una administración justa y equilibrada, cabría esperar respuestas similares, ante situaciones similares. Nada más lejos de la realidad. A la Junta de Castilla y León le ha salido su vena más reaccionaria e impregnada de nacional-catolicismo y, en coherencia con esta ideología arcaica y trasnochada, ha tomado decisiones contradictorias en cada uno de los casos.
A pesar de que las dos sentencias son desfavorables a las posiciones iniciales de la Consejería de Educación, en el caso de los “crucifijos” la Junta ha decidido recurrir la sentencia; por el contrario, en la sentencia sobre EpC, la Junta decidió desde el principio no recurrir la misma.
No satisfecha con estas decisiones contradictorias, la Consejería de Educación ha decidido que en el caso de Educación para la Ciudadanía, la suspensión cautelar de la obligación para cursarla, se haga extensiva a todos los alumnos cuyos padres ha objetado, en una clara tergiversación del ordenamiento jurídico de nuestro estado.
No lo pueden evitar. En cuanto les rascas un poco, les sale la “caspa”.
Es una auténtica lástima que, treinta años después de la aprobación de la Constitución, aún nos quede la menor duda de que la presencia de símbolos de cualquier religión en los centros públicos, docentes o no docentes, es claramente contradictoria con la aconfesionalidad del Estado establecida en la misma.
Aunque si lo piensas un poco, los “míos” tampoco se distinguen precisamente por defender estos valores de laicidad y ciudadanía. O si no, como se explica que en el despacho del alcalde de “todos” los palentinos presida la mesa un enorme crucifijo, o que las tomas de posesión de los ministros y otros cargos públicos se sigan celebrando en un acto presidido por el mismo símbolo de una concreta confesión religiosa.
En fin, amigos, mucha paciencia.