La libertad

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Miguel de Cervantes

viernes, 18 de mayo de 2012

22 DE MAYO: POR LA ESCUELA PÚBLICA

La Plataforma Provincial por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Palencia (integrada por CCOO, CGT, Europa Laica, FAPA, IU, Liga Palentina de la Educación y STE) apoya la jornada de lucha y la huelga estatal en la enseñanza pública convocada por los sindicatos del profesorado presentes en la mesa sectorial de Educación para el martes 22 de mayo, y anima a la Comunidad Educativa y a la ciudadanía en general a participar tanto en la concentración que se realizará en la Plaza Mayor de Palencia (y en la Plaza de la Constitución de Guardo) ese mismo día a las 12 horas del mediodía, así como en la manifestación que partirá a las 19 horas desde el Parque del Salón hasta la Subdelegación del Gobierno.


Esta movilización se realiza en el marco de la diversidad de actuaciones en defensa de la Educación Pública, del Estado del Bienestar y de los servicios públicos en general, para manifestar la oposición de la ciudadanía a la política de recortes y desmantelamiento del estado del bienestar que está impulsando el gobierno. Desde la Plataforma Palentina por la Escuela Pública, Laica y Gratuita apoyamos y seguiremos apoyando cuantas actuaciones reivindicativas se realicen en los centros educativos y a un nivel más centralizado, animando al profesorado, estudiantes, familias, instituciones y a la ciudadanía en general a que se implique en las mismas.

HAY MOTIVOS

miércoles, 16 de mayo de 2012

La quiebra del estado de bienestar

La ciencia política ha considerado tradicionalmente el Estado de Bienestar como el concepto para designar una propuesta política o modelo general del Estado y de su organización social, según la cual éste provee de servicios o garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país. Este concepto o categoría política tiene su origen en el año 1945, tras el tremendo trauma que supuso la Segunda Guerra Mundial y la precedente crisis generalizada de los años 30 conocida como la Gran Depresión.


De forma muy resumida, y para que quepa en este breve artículo, se podría afirmar que el estado de bienestar es el resultado de un gran pacto entre las dos grandes corrientes políticas que se enfrentaban en la mitad del siglo pasado, el capitalismo y el socialismo, es decir, los capitalistas y la clase trabajadora.

Mediante dicho pacto o contrato social, la clase trabajadora acepta el mercado y renuncia a una de sus principales reivindicaciones políticas, la posesión de los instrumentos de producción, a cambio de que los capitalistas aceptaran que el estado, mediante un progresivo y proporcional sistema impositivo, recaudara los recursos suficientes para proveer a la totalidad de la población de los servicios sociales básicos: condiciones dignas en el trabajo, educación, sanidad, pensiones, etc.

Como resultado de este contrato social, durante la segunda mitad del siglo XX se fueron desarrollando, principalmente en Europa, los distintos modelos del estado de bienestar: nórdico, continental, anglosajón y mediterráneo. Este último es el de los países que más tarde se incorporan al mismo, Italia, España, Portugal y Grecia, y que se desarrolla además con sustanciales diferencias respecto a los restantes modelos.

Desde un punto de vista estrictamente conservador los beneficios del Estado del Bienestar son dobles: por un lado, la generación de consenso social de tal manera que el sistema funcione de forma armónica y eficiente, y, por el otro, consecuencia de lo anterior, una función de creación y reforzamiento de valores éticos fundamentales a la existencia y estabilidad de relaciones sociales, llevando así a una creciente integración social. De esta forma, la generalización del modelo de estado de bienestar, dio lugar al periodo de crecimiento económico sostenido más exitoso del siglo XX, lo que llevó a Eric Hobsbawm (historiador británico de origen judío y formación marxista) a denominarlo “la edad de oro del capitalismo”. Pero así mismo, los logros sociales que este modelo trajo consigo, llevaron al filósofo y sociólogo austro-británico Karl Popper a valorarlos en los siguientes términos: “En ningún otro momento, y en ninguna parte, han sido los hombres más respetados, como hombres, que en nuestra sociedad. Nunca antes los Derechos Humanos y la dignidad humana, han sido tan respetados y nunca antes ha habido tantos dispuestos a hacer sacrificios por otros, especialmente por aquellos menos afortunados que ellos”.

La llegada de Margaret Thatcher al poder en Gran Bretaña en 1979, y de Ronald Reagan a la presidencia de los EE UU en 1981, supusieron el primer intento serio y consistente de desmantelamiento del estado del bienestar desde las filas del “neoliberalismo”.

Posteriormente, en los primeros años del siglo XXI, la crisis de las “hipotecas basura” en los Estados Unidos, ha desembocado en una de las mayores crisis económicas en el mundo occidental, de la que los neoliberales pretenden salir mediante una serie de medidas de ajuste del déficit, disminución de lo público y adelgazamiento del Estado, que van encaminadas claramente a la liquidación y desaparición del estado de bienestar.

Ante esta ruptura unilateral del contrato social que supone el modelo del estado de bienestar, los partidos de izquierdas, si quieren seguir representando a la clase trabajadora, tienen la obligación moral y política de ser claros y contundentes. Deben explicar a los ciudadanos en general, y a los trabajadores en particular, que esto es lo que está sucediendo realmente. Que bajo el pretexto de la crisis se está rompiendo el pacto social tácitamente asumido desde mediados del pasado siglo. Y decirles que si esto es cierto, que lo es, “o jugamos todos o se rompe la baraja”. Es decir, que si los capitalistas no cumplen lo pactado, la clase trabajadora estará legitimada para volver a reivindicar aquello a lo que renunciaron para la consecución del mismo.

Y si fuera necesario, esos partidos de izquierdas tendrán que revisar sus programas políticos y, si es preciso, volver a incluir en los mismos las viejas aspiraciones de nuestros programas máximos, actualizadas y adaptadas a la nueva realidad social. Y tendremos que volver a reivindicar: “Libertades políticas. Derecho de coalición o legalidad de las huel¬gas. Reducción de las horas. Leyes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores. Protección a las cajas de socorros mutuos y pensiones a los inválidos del trabajo. Creación de escuelas gratuitas para la primera y segunda enseñanza y de escuelas profesionales, en cuyos establecimientos la instrucción y educación sean laicas. Justicia gratui¬ta y jurado para todos los delitos. Reformas de las leyes de inquilinato y desahucios y de todas aquellas que tiendan directamente a lesionar los intereses de la clase trabajadora. Adquisición por el Estado de todos los medios de transporte y de circulación, así como de las minas, bos¬ques, etc., etc.” (Extracto del Primer Programa del PSOE, aprobado en Madrid el 20 de julio de 1879)

El PP y sus socios de la Unión Europea tienen muy claro lo que representan y lo que pretenden. Si el PSOE yla izquierda no lo tienen, ni lo aclaran, ¡lo vamos a pasar muy mal!
La llegada de Hollande a la presidencia de Francia, esperemos que signifique un giro en este sentido.

viernes, 11 de mayo de 2012

MANIFIESTO POR LA ESCUELA PÚBLICA, LAICA y GRATUITA

Concentración frente a la
Subdelegación del Gobierno
Palencia 10/05/2

En el contexto de grave crisis económica que vivimos son muchas las voces que, desde diferentes ámbitos y puntos de vista, ven en la educación y en la formación de las personas un factor estratégico para hacer frente a la recesión económica.
La escuela es un elemento esencial para formar a las personas como ciudadanos y ciudadanas y como trabajadores y trabajadoras que contribuyan a las transformaciones sociales y productivas que se necesitan para romper con esta situación de crisis y avanzar hacia una organización social más igualitaria y un nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento.
Recortar en educación es contraproducente no sólo para el sistema educativo, donde se debe buscar solución a los problemas de la educación en España -en especial la alta tasa de abandono y fracaso escolar- con los recursos que sean necesarios; también lo es para el avance tecnológico y el desarrollo social pues el alumnado de hoy será el que mueva mañana el tejido productivo.
Casi en el olvido ha quedado la iniciativa regional que proponía el impulso de un Pacto en Educación, Sanidad y Servicios Sociales en Castilla y León. Hasta ahora, las iniciativas en este sentido no han pasado de declaraciones vagas y ambiguas, compatibles con un escenario regresivo para el futuro de la Escuela Pública.
Así lo confirman las prioridades que se van desvelando en nuestra Comunidad Autónoma, y las derivadas de los Presupuestos del Estado, y de las medidas adicionales para el recorte del déficit público. La conclusión lógica es que la educación no es algo prioritario para la Junta de Castilla y León.
Además, lo exiguo del gasto público en Educación y el hecho de que se mantengan las subvenciones a la enseñanza privada, mientras disminuyen partidas esenciales para el funcionamiento de la educación en nuestra región, suponen un ataque a la Escuela Pública. Este hecho no es nuevo: en diciembre de 1999 la inmensa mayoría de los agentes sociales firmaron con la Junta de Castilla y León el “Acuerdo por la mejora del sistema educativo de Castilla y León”. En dicho acuerdo las organizaciones firmantes se comprometían a “Atender a la mejora constante de la red pública de enseñanza, manteniendo el actual equilibrio y colaboración con la enseñanza privada concertada”.
Sin embargo, el equilibrio existente en el momento de la firma de dicho acuerdo se rompió al concertar la Consejería de Educación la práctica totalidad de la Educación Infantil, además de la Enseñanza Obligatoria y de muchos Ciclos de Formación Profesional y Bachilleratos, mientras el alumnado con necesidades de compensación y necesidades educativas especiales se concentraba en los centros públicos.
Dicho todo lo cual, no podemos esperar confiados en que un Pacto por la Educación entre los partidos mayoritarios vaya a resolver los problemas de la Escuela Pública.
Por esa razón, los firmantes de este MANIFIESTO llamamos a la Comunidad Educativa y al conjunto de la sociedad a movilizarse para exigir a la Junta de Castilla y León un compromiso político y social que garantice, para salir de la crisis, las medidas siguientes:
* Aumento sostenido del gasto público en educación hasta llegar al 7 % del PIB (también en el ámbito regional), destinando lo fundamental de dicho incremento a la red pública y a programas compensadores de desigualdades, además de a formación y nuevas tecnologías.
* Mecanismos que eviten la competencia desleal de la enseñanza concertada hacia la Escuela Pública que impidan que esta última pueda convertirse en un gueto.
* Escolarización con criterios idénticos, transparentes y únicos, estableciendo una nueva normativa de escolarización, consensuada con la Comunidad Educativa, en la que se contemple la distribución de la matrícula por zonas.
* Rescisión de los conciertos en TODAS las etapas, allí donde las necesidades educativas estén cubiertas por centros públicos.
* Rescisión del concierto a los centros que no cumplan los criterios de escolarización establecidos, en especial los referidos a situación social, étnica, de capacidad o de sexo.
* Realización de auditorías externas sobre la gestión de los colegios concertados que comprueben la gratuidad efectiva de dichos centros financiados con fondos públicos.
* Consideración del ciclo 0-3 como educativo, promoviendo la construcción de una amplia red de escuelas infantiles públicas (tanto en su titularidad, pasando a depender de la Consejería de Educación, como en la gestión).
* Adopción de medidas educativas y de compensación ante los primeros problemas de aprendizaje de manera temprana, es decir, desde la educación infantil.
* Articulación de medidas no sólo educativas (apoyos, desdobles, programas de diversificación curricular…) sino sociales y laborales (reduciendo, por ejemplo, las posibilidades de contratación de personas sin cualificar) sobre el abandono escolar, reforzando la orientación académica y profesional, aumentando recursos humanos y materiales.
* Extensión y potenciación de la red pública de FP, ampliando y adecuando la oferta de ciclos formativos y de los PCPI.
* Garantía de una oferta educativa compensadora y de calidad para la población del medio rural y blindaje de la actual oferta educativa pública.
* Carácter público, tanto en titularidad como en gestión, de los servicios educativos complementarios (comedores, programas de conciliación de la vida laboral y familiar…).
* Gratuidad de libros de texto y comedores, además del ya gratuito transporte escolar de la zona rural.
* Responsabilidad directa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León sobre actividades extraescolares y complementarias, como marca el Art. 73.2 del Estatuto de Autonomía, ofreciendo un amplio abanico de actividades de calidad y gratuitas.
* Eliminación de símbolos religiosos de los centros educativos y salida de la asignatura de religión del currículo, empezando por sacarla del horario escolar.
Ese mismo compromiso social y político por la Educación Pública, de calidad y compensadora, se lo exigimos también al Gobierno Central, que ha de asumir su responsabilidad tanto en materia presupuestaria como legislativa e impulsar políticas de apoyo decidido al modelo de escuela pública, laica y gratuita que las organizaciones firmantes de este MANIFIESTO defendemos.

STES - CCOO - CGT - IU - FAPA - Liga palentina de la educación

miércoles, 2 de mayo de 2012

133º aniversario del PSOE

Pablo Iglesias
A una de esas reuniones, el 2 de mayo de 1879, asistieron, convocados ya por una comisión organizadora, para dar un nuevo paso y “fundar un partido que se denominaría Socialista Obrero, y cuya política se separaría de la que hacen los demás partidos burgueses, desde el más avanzado al más retrógrado” …
El principal acuerdo de esa reunión fue constituir una comisión compuesta por Iglesias, Ocina, Calderón, Jaime Vera y Zubiaurre, encargada de “redactar un proyecto de programa y bases para la organización de los trabajadores que a él se adhiriesen, hasta tanto que un periodo de mayor libertad hiciera públicos nuestros trabajos y un congreso obrero los ratificase o enmendase, con arreglo al mandato que recibiera de los trabajadores”…

Para cumplir este mandato, casi tres meses más tarde, el 20 de julio de 1879, se reúne el Grupo Socialista Madrileño y aprueba lo que sería el primer Programa del Partido Socialista Obrero Español.

En dicho programa se define lo que en aquellos tiempos históricos era la aspiración máxima de los socialistas: La abolición de clases, es decir, la emancipación completa de los trabajadores. La transformación de la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera. La posesión del poder político por la clase trabajadora.

Y como medios inmediatos para acercarnos a la realización de ese ideal, se proponían los siguientes:
Libertades políticas. Derecho de coalición o legalidad de las huelgas. Reducción de las horas. Prohibición del trabajo de los niños menores de nueve años, y de todo trabajo poco higiénico o contrario a las buenas costumbres, para las mujeres. Leyes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores. Creación de comisiones de vigilancia, elegidas por los obreros, que visitarán las habitaciones en que éstos vivan, las minas, las fábricas y los talleres. Protección a las cajas de socorros mutuos y pensiones a los inválidos del trabajo. Reglamento del trabajo de las prisiones. Creación de escuelas gratuitas para la primera y segunda enseñanza y de escuelas profesionales, en cuyos establecimientos la instrucción y educación sean laicas. Justicia gratuita y jurado para todos los delitos. Servicio de las armas obligatorio y universal y milicia popular. Reformas de las leyes de inquilinato y desahucios y de todas aquellas que tiendan directamente a lesionar los intereses de la clase trabajadora. Adquisición por el Estado de todos los medios de transporte y de circulación, así como de las minas, bosques, etc., etc., y concesión de los servicios de estas propiedades a las asociaciones obreras constituidas o que se constituyan al efecto. Y todos aquellos medios que el Partido Socialista Obrero Español acuerde según las necesidades de los tiempos.

Han pasado 133 años, y el lenguaje y muchos de los postulados que en aquel programa se recogían, nos pueden sonar, en principio, trasnochados.
Pero si hacemos una lectura más reposada y atenta, veremos cuán vigentes están aún hoy en día muchas de sus propuestas, ante el evidente retroceso en libertades y derechos que vemos se está produciendo desde la llegada del PP al gobierno de este país.
Tengo para mí la sensación, cada vez más cierta, de que muchos de los actuales dirigentes de este Partido más que centenario -mí Partido- hace mucho que no le dan un repaso a los documentos de nuestra historia, e incluso tengo a veces la duda de si los han leído alguna vez.
Y deberían hacerlo. Porque tengo yo la sensación de que una de las causas, sino la principal, por la que hemos perdido el apoyo de muchos trabajadores y trabajadoras, ha sido el haber perdido de vista para quién y para qué queremos gobernar, es decir, para qué queremos la posesión del poder político, tal y como se decía en aquel primer programa del PSOE.

La derecha de este país, se está demostrando nítidamente con las medidas que va tomando el PP desde la llegada al gobierno, tiene muy claras estas dos cuestiones: para quién y para qué gobiernan. Lo hace para las clases más pudientes, para los que se pueden pagar los servicios educativos o sanitarios, para los que no necesitan el transporte público, para los que pueden pagar una madre de alquiler, para los que pueden llevar a sus hijas o a sus mujeres a abortar a Londres, para los que tienen sus capitales en los paraísos fiscales, para los que tienen asegurada su jubilación mediante contratos blindados, para los que si tienen que salir de España lo hacen como turistas o como dirigentes de multinacionales y no como emigrantes en busca de trabajo, en resumen, para aquellos que no necesitan del Estado para seguir adelante.
Por eso, no les importa cargarse la sanidad y la educación pública, o excluir de estos servicios a los inmigrantes; no les importa deteriorar hasta donde haga falta el sistema de pensiones; no les tiembla la mano al desregular hasta la extinción todo el sistema de protección de los trabajadores ante los despidos abusivos y arbitrarios, o las bajadas de sueldo indiscriminadas y sin motivo; ni se les cae la cara de vergüenza al permitir, mediante una amnistía fiscal encubierta, que los evasores y defraudadores de impuestos blanqueen sus euros mediante una “mísera” sanción del 10%.

Se escucha con demasiada frecuencia a algunos dirigentes de mi Partido afirmar, tanto en conversaciones privadas como en medios de comunicación, que “el PP y Rajoy están desbordados por la situación y que gobiernan a golpe improvisación” ¡Y un cuerno!
En mi humilde opinión, de improvisación ¡nada de nada! Lo que el gobierno de la derecha está haciendo, y va a seguir haciendo si no lo paramos es, aprovechando el fantasma y la amenaza de “la crisis” que tiene a la ciudadanía “acojonada”, cargarse el estado de bienestar y de protección social que se había ido construyendo en Europa desde el final de la segunda guerra mundial, y que fue el fruto de un pacto entra la clase trabajadora y el capitalismo. Mediante este pacto, la clase trabajadora renunció a muchas de sus principales reivindicaciones (la posesión de los bienes de producción) a cambio de que el Estado cubriera de forma justa sus necesidades de educación, sanidad y pensiones, obteniendo los recursos para dichos servicios de un sistema progresivo de impuestos mediante el cual los que más tienen, más pagan, lo que convierte al sistema impositivo en la forma más justa de redistribución de la riqueza de una sociedad.

Y mientras esto que para mí está meridianamente claro está siendo ejecutado de forma programada y sistemática por el Partido Popular, respondiendo así a las demandas de aquellos a los que de verdad representa este partido, aunque por desgracia, o por culpa del PSOE, muchos trabajadores también le votaron el 20-N, ¿qué hacen los dirigentes de mi Partido?
Pues principalmente, y casi de forma exclusiva, insistir, dale que dale, con que Rajoy miente y engaña a los ciudadanos, porque no hace lo que dijo en su programa, o porque hace lo contrario de lo que decía hace unos meses. Y, evidentemente, hacen bien en decir esto e insistir en ello porque, en un sistema parlamentario y democrático, esta es una de las misiones de la oposición. Y parece que este mensaje ha calado en los ciudadanos; y las encuestas y estudios de opinión así lo demuestran al recoger la gran caída del voto del PP (hasta el 6 % en algunos casos) y la mala opinión que la ciudadanía tiene del gobierno (hasta el 70 % opina que lo está haciendo mal o muy mal).
Pero, y aquí está el quid de la cuestión, a pesar de esta mala opinión del gobierno de derechas y de la pérdida de votos del mismo, ¡el PSOE pierde también casi 2 punto porcentuales!
No he leído ni oído ni un solo análisis medianamente crítico sobre esta cuestión de ninguno de los dirigentes de mi Partido, tanto de ámbito nacional como autonómico y, mucho menos, provincial.

Me da a mí el pálpito de que muchos ciudadanos de este sufrido país, esos que ya están hartos de las medidas de este gobierno y de sus constantes mentiras y engaños, que según las encuestas son cada vez más, y que salen un día sí y otro también a protestar a calles y plazas del solar patrio, se preguntan, y el PSOE ¿qué haría?
Y esta es la clave. El PSOE -y primero sus dirigentes- tiene que entender que si quiere volver a ganar algún día las elecciones para poder cambiar el rumbo de este despropósito, debe en primer lugar asumir responsabilidades; en segundo lugar realizar una renovación total de unos dirigentes que están totalmente implicados en las responsabilidades de los últimos ocho años de gobierno; cambiar su funcionamiento interno haciéndolo más democrático y participativo; acercarse a las cada vez más amplias capas de población que se han alejado de la acción política hasta tal extremo que consideran a los políticos y a la política como el tercer problema de este país.
Y simultáneamente a todo este proceso de renovación y cambio, este Partido debe tener claro que tiene que construir un programa de gobierno para la clase trabajadora que, aunque no es la misma que hace 130 años, sigue necesitando igualmente que el PSOE los represente y los defienda.

El PSOE debe gobernar para los que sí necesitan al Estado; para los que necesitan y quieren una escuela pública de calidad, laica, que forme a personas críticas y responsables y que siga siendo un instrumento para superar las desigualdades sociales; para los que necesitan de una buena sanidad pública, un saneado régimen de pensiones, un desarrollo y aplicación urgente de la ley de dependencia; para que los trabajadores y las trabajadoras de este país no estén inermes ante el empresario; para que el sistema impositivo sea más justo y pague más el que más gana y el que más tiene; para que los insolidarios que defraudan a hacienda, es decir a todos, paguen lo que deben y si es preciso vayan a la cárcel.

El PSOE, y la izquierda en general, deben tener muy claro que si el capitalismo rompe el pacto que supuso la construcción del estado de bienestar y destruye los mecanismos que permitían repartir con los trabajadores los beneficios del mismo, habrán hecho retroceder a la sociedad europea a los años 30 del siglo pasado. Y, consecuentemente con esa situación, los trabajadores y las trabajadoras de estos primeros años del siglo XXI deberemos volver a reivindicar y a luchar por todo aquello a lo que renunciamos en aquel pacto social, incluida la propiedad de los instrumentos productivos.
Y para esa lucha, unos sindicatos fuertes y respetados son tan necesarios como los mismos partidos de izquierdas. Así que dejémonos de paños calientes y comencemos a llamar a las cosas por su nombre, y decirles a los ciudadanos la verdad.
La derecha sabe muy bien lo que hace, y tienen muy claro que el capital no quiere asumir la parte que les corresponde en el estado de bienestar.
La lucha de clases ni es una antigualla ni, por desgracia, podemos prescindir de ella.