La libertad

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Miguel de Cervantes

sábado, 27 de octubre de 2012

Democracia en crisis

La crisis económica y sistémica en que estamos inmersos los países de la Unión Europea, y el desprestigio de la “política” y de los “políticos” que cada vez es asumido por más y más ciudadanos, está llevando a muchos de ellos a plantearse la duda sobre si el sistema democrático está en crisis, e incluso si no ha llegado el momento de sustituirlo por otro. Pero la pregunta del millón es ¿por cuál?


La democracia parlamentaria o representativa, por muy necesaria que sea, se muestra hoy en día insuficiente, y es preciso reconocerlo así en el momento en que corre el peligro de desvirtuarse, de provocar el distanciamiento, la desafección o el desinterés de los ciudadanos, o se manifiesta incapaz de afrontar los grandes desafíos del mundo globalizado.

Ante esta situación, aparece cada vez con más fuerza el concepto de democracia participativa, como el modelo capaz de producir y provocar una regeneración de la política y de los políticos que han de servir a la comunidad. Pero esta democracia participativa, pese a sus indudables virtudes para revitalizar el espíritu comunitario, la solidaridad y el civismo, también representa algunos peligros como la escasa representatividad o "el liderazgo de hecho por parte de aquellos que tienen el vicio de apoderarse de la palabra" (Edgar Morin).

En este mismo sentido de los riesgos y peligros que se deben tener en cuenta a la hora de plantearse la democracia representativa, Giovanni Sartori, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2005, advierte sobre el alcance que debe tener la democracia participativa, pues puede llevar al desbordamiento de la democracia representativa, tratando de sustituirla por una democracia “directa o más auténtica”. Este planteamiento, una de las mayores amenazas que acechan a los sistemas democráticos, sería el de los “perfeccionistas” que reclaman la vigencia de la "verdadera democracia", y que a finales de los años sesenta del siglo XX, desarrollaron la idea, infantil y peligrosa, de proponer un modelo de "ciudadano que vive para servir a la democracia en lugar de una democracia que existe para servir al ciudadano". A los integrantes de este modelo solo parece interesarlos el asamblearismo que permite a pequeños grupos de activistas apoderarse de la palabra, convirtiéndose en vanguardias dirigentes de las masas.

Frente a estos riesgos, el republicanismo cívico dio origen al concepto de “ciudadanía participativa” como servicio desinteresado al Estado, como contrapunto vigente aún en nuestros días, a la “ciudadanía liberal”, centrada en la exclusiva defensa de un estatuto de derechos y ventajas privadas e individuales. Igualmente, en le última mitad del siglo XX, surgieron cada vez con más con fuerza las exigencias de participación de los ciudadanos en consultas o en órganos colegiados de intervención diversos, como vecinos de barrios y ciudades, consumidores, usuarios de servicios públicos, administrados, trabajadores, funcionarios, o de activistas de organizaciones no gubernamentales, decididos a ser escuchados y a colaborar en la realización de fines de interés general. Nuestra propia Constitución de 1978 recoge este concepto de democracia participativa en algunos de sus preceptos. Un ejemplo claro de esto es el artículo 27 referido a la educación, que en su apartado 7, reconoce a la comunidad escolar el derecho a intervenir en “el control y en la gestión" de los centros públicamente financiados y en la programación general de la enseñanza. (1)

Hoy, la deteriorada salud de la democracia representativa, el descrédito de quienes la protagonizan y la desafección de muchos ciudadanos que tienen la sensación creciente de ser ignorados y también expropiados arbitrariamente de algunos de sus derechos sociales y políticos contribuyen al empobrecimiento ante la opinión pública del elemento vital de sustentación de todo régimen democrático, que es la soberanía popular. Por ello es legítimo plantear que la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos y de interés colectivo puede contribuir a la revitalización del sistema democrático en su conjunto y a la recuperación, tan necesaria, de la política; especialmente si consideramos que la democracia, además de ser un sistema de gobierno y un procedimiento formalizado para la elección de representantes y gobernantes, es también una forma de vida y un logro de civilización, pero no sólo de la heredada de la Grecia clásica, sino especialmente la que debiera considerarse propia del presunto triunfo global de la democracia en el siglo XXI.

Como alternativa complementaria, y no sustitutiva, de la democracia parlamentaria y representativa, la democracia participativa debe construir un permanente diálogo civil entre los poderes públicos y los ciudadanos constituidos no como asambleas entregadas a la espontaneidad y a la improvisación. Al contrario, nos debe llevar, en primer lugar, a una mayor y más ordenada frecuencia de consultas populares, a nivel local, regional, sectorial o nacional, para garantizar el consentimiento explícito de los ciudadanos sobre muchas decisiones importantes de los poderes públicos que les afectan, pero que habitualmente les son sustraídas.

En segundo lugar, el diálogo civil debe establecerse como una tarea permanente, reconocida y ordenada entre los poderes públicos y otras entidades cívicas y representativas que conforman lo que viene denominándose la "sociedad civil organizada". Se trataría con todo ello de dotar de un mayor grado de legitimidad y aceptación a muchas e importantes decisiones de las Administraciones y poderes públicos, sin que por ello la atribución competencial que les corresponda deba ser cuestionada.

Porque la democracia participativa no deber perseguir la sustitución de la democracia representativa, sino que debe configurarse como un estímulo y un procedimiento complementario para conseguir la mayor efectividad de la cultura democrática en su conjunto.

Pero también es necesario e imprescindible que estos planteamientos de participación y de activismo democrático, sean asumidos por las organizaciones que constitucionalmente tienen atribuida la misión de expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser el instrumento fundamental [no el único] para la participación política: los partidos políticos. Si estos no lo asumen, corren el riesgo cierto de ser barridos por el pueblo al que deben representar, y ser sustituidos por el primer “populista iluminado” que, como la historia ha demostrado en variadas ocasiones, nos conduciría al “fascismo”. Y los partidos políticos de izquierdas y progresistas, deberían ser los más interesados en que esto no ocurra.

Si esta “crisis” que, como afirmé al principio, es tanto económica como sistémica, sirve para que salga fortalecido el sistema democrático, haciéndolo más participativo, algo bueno habremos sacado de ella.



(1)Por cierto, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOCME) de los señores Rajoy y Wert, pretende eliminar de un plumazo este principio consagrado en nuestra Constitución.

lunes, 1 de octubre de 2012

Debilidad por la foto

Aunque no suelo publicar en este blog artículos completos escritos por otras personas y publicados en medios de comunicación, en este caso voy a hacer una excepción, con mi buen amigo Pedro Vicente su artículo publicado en el periódico "El Norte de Castilla" el lunes día 1 de octubre de 2012. Yo no lo podría escribir mejor.
Solamente me he permitido resaltar en negrita algunos pasajes del mismo.


Debilidad por la foto
Pedro Vicente. El Norte de Castilla

A comienzos de septiembre se tuvo noticia de que el Comité Federal del PSOE, máximo órgano del partido, acordaba endurecer la línea de oposición de los socialistas frente a las políticas del Partido Popular. Así que era cuestión de ver cómo se concretaba ello en el ámbito autonómico y en particular respecto a la Junta de Castilla y León. Dos sesiones plenarias han celebrado las Cortes desde entonces y de ese giro hacia una oposición más incisiva no hemos tenido el menor atisbo. Y como sea que el portavoz socialista en el “mausoleo” de Villa del Prado es a la vez el secretario federal de Organización del PSOE, se descarta que la consigna emitida desde Ferraz no haya llegado a la terminal socialista en la comunidad. Contrasta además el vigor mostrado por Óscar López al valorar la actuación del Gobierno de Rajoy con su falta de contundencia frente al de Juan Vicente Herrera.
No había que indagar demasiado para encontrar la causa y razón de tan distinta modulación. Esa laxitud en la oposición socialista a la Junta obedece a que el PSOE y el PP mantienen abiertas desde hace semanas varias mesas de negociación en busca de posibles “pactos de comunidad” sobre otras tantas materias. Y se ve que para no poner en peligro esos posibles acuerdos, los socialistas han aflojado -todavía más- su ya de por sí históricamente flácida labor opositora.
Intrínsecamente, los pactos políticos no son ni positivos ni negativos. Depende de su oportunidad y de su contenido. El pacto de Toledo, qué reguló el sistema de pensiones y su revalorización, fue por ejemplo un acuerdo encomiable que consolidó una gran conquista social, por cierto ahora amenazada. Por el contrario, la reforma constitucional perpetrada de mala manera hace un año fue un pacto de lo más nefasto, ya que ha proporcionado la excusa perfecta para justificar el actual desmantelamiento del estado de bienestar.
En general, los pactos políticos alcanzados en Castilla y León, tanto los declarados como los secretos, han beneficiado siempre al PP y a la Junta, sin que el PSOE haya rentabilizado casi nunca su firma, si es que no ha salido trasquilado. Ha sido una constante desde la etapa de Jesús Quijano a la de Óscar López, pasando por la de Ángel Villalba. Particularmente acusado ha sido el fervor pactista de López, achacable sin duda a su obsesión personal por la cuota de pantalla. Su convencimiento de que la firma de cualquier pacto con el presidente de la Junta reforzaba su imagen como alternativa de poder le jugó muy malas pasadas. La foto de pactos, por otra parte tan fallidos, como el de la fusión de las cajas o el Plan de Convergencia, no le salvó de protagonizar los peores resultados obtenidos por el PSCL-PSOE en unas elecciones autonómicas. Y para mayor inri, después de que el otro firmante, Juan Vicente Herrera, le ninguneara malamente, negándose a debatir con él durante la campaña electoral.
Por lo que parece, el nuevo secretario autonómico, Julio Villarrubia, no ha escarmentado en cabeza ajena y ha entrado también al señuelo de los pactos -alguno de ellos, verdaderas trampas- de la Junta. Ahora sería él el que se pirra por la foto, curiosamente puede que tratando de ganar presencia ante la soterrada pugna abierta con López por encabezar el cartel socialista en las autonómicas de 2015. Se cuenta que Villarrubia estaba decidido ya a pactar en barbecho el controvertido modelo territorial propuesto por la Junta y que ha sido el guirigay interno surgido dentro del PP lo que ha chafado el acuerdo.
El deprimente marco presupuestario tanto del Estado como de la comunidad autónoma, con nuevos recortes para dar y tomar, no parece el mejor escenario para fraguar pactos entre populares y socialistas. Pero, vista la debilidad de algunos por salir en la foto, cualquier cosa es posible.