“Mis hijos son míos y no del Estado”

"Mis hijos son míos y no del Estado". Pablo Casado, Presidente del PP

Con esta aparente verdad de “perogrullo”, los dirigentes de la derecha y extrema derecha española retoman una batalla que parecía olvidada, pero que en cuanto pueden vuelven a reavivar: el derecho, y la obligación, que tienen las sociedades democráticas, cuyas leyes están inspiradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de educar a sus ciudadanos en el respeto a los  valores cívicos y democráticos.

Podríamos simplemente contestarlos con los hermosos versos de Khalil Gibran:

Tus hijos no son tus hijos,
son hijos e hijas de la vida,
deseosa de sí misma.

No vienen de ti,
sino a través de ti,
y aunque estén contigo,
no te pertenecen.

Pero me temo que en el crispado ambiente que vive la política y la sociedad española, no va a ser suficiente. Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo, con más argumentos.

El conjunto de declaraciones que yo llamo de “perogrullo”, han surgido a raíz de la ocurrencia que están teniendo algunos gobiernos autonómicos, gobernados por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de Vox, de incluir lo que se ha dado en llamar el “pin parental”, nombre que oculta la capacidad de los padres de objetar, en nombre de sus hijos, la participación de éstos en determinadas actividades educativas.

Vayamos por partes. Cierto es que la Constitución Española de 1978, en su artículo 27.3, establece que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pero también es cierto, y así ha sido ratificado y sentenciado por el Tribunal Constitucional, que el ejercicio de ningún derecho tiene un carácter ilimitado. Como mínimo, está limitado por el derecho de los demás a ejercer también los suyos. Para entendernos, pongamos un ejemplo, también de “perogrullo” pues parece que son los únicos que entienden. Los españoles tenemos derecho a “circular libremente por el territorio nacional” (art. 19. CE). Este derecho tiene por supuesto muchas limitaciones, entre otras las normas de tráfico, y por supuesto una que seguro le es muy atractiva a estos defensores a ultranza de la propiedad privada: mi derecho a circular libremente por todo el territorio nacional, se encuentra limitado en cuanto me encuentro una valla o cerca que delimita la propiedad privada de otro, que también tiene sus derechos.

Podríamos poner muchos más ejemplos, paro vamos a entrar en el que es objeto de este debate.

Como ya he dicho, esta batalla forma parte de una guerra que la derecha y la ultra derecha española, con el apoyo incondicional de algunas organizaciones católicas y de la jerarquía más ultramontana de la misma iglesia, llevan desarrollando desde la llegada de la democracia a este país de nuestros dolores: su oposición frontal al derecho, o mejor dicho la obligación, que tiene una sociedad democrática de educar a sus ciudadanos en los valores propios de la misma, inspirados en la Declaración Universal de los DDHH.

En esta guerra  perdieron una primera batalla, cuando el Tribunal Supremo sentenció que los padres no podían ejercer objeción de conciencia para impedir que sus hijos cursaran la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Y ganaron la segunda cuando el PP aprobó la LOMCE, lo que supuso la desaparición de dicha materia.

Y aquí estamos de nuevo, en una especie de día de la marmota, con el personal alterado ante la mera posibilidad de que, de una forma o de otra, se eduque a nuestros hijos en el conocimiento y respeto al diferente, en la igualdad entre hombres y mujeres, en la lucha contra la homofobia y la xenofobia. En resumen, que se forme a ciudadanos críticos, conocedores de sus derechos y deberes, justos y solidarios, que sean capaces de convivir en un mundo cada día más complejo y multicultural.

Pues claro que tu hijos no son del Estado, pero tampoco son tuyos. Tus hijos son individualidades en construcción, que necesitan de una educación en los valores que son consustanciales con un sistema democrático que se dice respetuoso con los DDHH. Y ese Estado al que algunos demonizan y quieren reducir a la mínima expresión, tiene la obligación de proporcionar a esos hijos una educación que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (art. 27.2 CE).

Y hasta tal punto esto es una obligación del Estado que en el caso de que algunos padres no cumplan con sus deberes como tales, puede intervenir y quitar la tutela e incluso la patria potestad a los mismos.

Cualquier persona razonable estará de acuerdo en lo que debería hacer el estado en el caso de que unos padres, llevando al extremo el supuesto “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3 CE), decidieran educar a sus hijos en la convicción moral  y religiosa de que a las mujeres se les debe practicar la ablación del clítoris; o en la cultura del sometimiento de la mujer al marido; o en que las personas tiene distintos derechos según el sexo, el color de su piel o su lugar de nacimiento.

Pues eso. Tus hijos no son tuyos, son hijos e hijas de la vida.