La libertad

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Miguel de Cervantes

sábado, 31 de diciembre de 2016

¿QUÉ PACTO EDUCATIVO?

Las familias, el profesorado, el alumnado, los sindicatos, las patronales de la educación, la iglesia Católica, los partidos políticos, el Gobierno,… es decir, la sociedad en su conjunto, lleva años reclamando la necesidad de un gran pacto educativo. Entonces, ¿por qué no se hace? He aquí la pregunta del millón.
Ángel Gabilondo, el último ministro socialista de educación, estuvo a punto de conseguirlo en el año 2011, pero la inminencia de unas elecciones generales en la que todas las encuestas daban como claro vencedor al Partido Popular, lo frustraron en el último momento.

La aprobación el año 2013 de la LOMCE, conocida como “ley Wert” por el nombre del ministro que la sacó adelante, con el voto exclusivo del PP, y con la comunidad educativa enfrentada radicalmente a la misma, volvió a poner de actualidad la necesidad del tan traído y llevado pacto.
La marcha del ministro Wert, la llegada de un nuevo titular al departamento, el actual diputado por Palencia Íñigo Méndez de Vigo, el año de gobierno en funciones, y la formación de un gobierno de los populares en franca minoría, ha dejado la aplicación de la LOMCE en una situación de incertidumbre que complica aún más la situación educativa del país.
El gobierno, forzado por su situación de aparente debilidad en el Parlamento, ha cedido en algunos de los temas más llamativos y espinosos, como es el de las controvertidas reválidas. Pero las reválidas son sólo eso, las espinas de la zarza. Dentro de ella hay mucho más. Hay segregación temprana del alumnado; hay una reducción drástica de la financiación de la escuela pública, lo que ha conllevado un aumento de la ratio profesor alumno; hay financiación a centros concertados que segregan por sexo; hay un retroceso total en la participación de las familias en el proceso educativo; hay un abandono total de la formación en valores democráticos y de ciudadanía; hay la consideración de asignatura con valor académico de sus calificaciones para la enseñanza religiosa confesional. En definitiva, hay una concepción academicista y economicista de la educación básica, lo que se traduce en el objetivo de “llenar cabezas” en lugar de “formar personas”.
La necesidad del actual gobierno de acordar y pactar en un Parlamento con una composición mucho más fragmentada y diversa que en anteriores legislaturas, parece que hace más posible la consecución de ese añorado pacto educativo. Ahora bien, ¿qué pacto? Desde mi punto de vista, un pacto educativo verdadero y duradero debe contemplar algunos aspectos esenciales, sin los cuales su futuro será poco prometedor.
En primer lugar, y no el más fundamental pero si muy necesario, es el aspecto financiero. Si no existe un acuerdo básico de refinanciación y recapitalización de la educación, el posible pacto nacerá muerto. Y no es solamente un acuerdo para aportar más fondos, sino, y principalmente, el acuerdo sobre cómo y dónde se emplean esos recursos. Dar más a los centros que mejores resultados académicos tengan, sin tener en cuenta la situación socio económica de su alumnado, es incrementar la brecha social entre la población. Seguir incrementando los recursos destinados a los centros concertados, sin garantizar previamente la suficiente financiación de los centros públicos, es caminar hacia el modelo dual de educación de los años 50 y 60 del siglo pasado.
La presencia de los padres en la gestión y planificación de la educación de sus hijos, debe estar garantizada, y conseguir su participación activa debería ser un objetivo prioritario de cualquier ley educativa. Esta participación de las familias, y una  mayor autonomía de los centros para organizarse y planificar su tarea en función de la realidad de su alumnado, deben ser garantizadas y fomentadas. O las puertas de los centros se abren a la sociedad en la que se han de integrar sus alumnos, o la educación que los demos será un fracaso.
La enseñanza básica (infantil, primaria y ESO) no debe tener como objetivos formar especialistas -llenar cabezas-, sino dotar al alumnado de capacidades de adaptación a situaciones complejas y dotarlo de instrumentos que le permitan avanzar a niveles superiores de formación. En estos niveles educativos, no puede tener un papel relevante la economía o el emprendimiento, sino las materias instrumentales y la formación filosófica y en valores (formar personas).
La educación básica debe evitar la segregación temprana del alumnado. Segregar en estos niveles es socialmente injusto porque deja por el camino a los alumnos con peor apoyo familiar y de clase más baja, y es injusto individualmente porque niega oportunidades a quienes pierden le ritmo. Pero es que además, es ineficiente porque el país no saca competencia de toda su población, sino que lo hace solo de una parte de ella. La segregación a tempranas edades es dañina socialmente porque desagrega a la población y crea guetos.
Hay otro tipo de segregación que también debe  evitarse, y es la competencia entre centros. Este sistema supone concentrar recursos en unos centros, los que  mejores resultados académicos tengan y los que más proyectos innovadores presenten, y castigar a otros, los que por la extracción social y cultural del alumnado no pueden obtener éxitos académicos.
La formación religiosa confesional no puede ser considerada una asignatura con valor académico. La educación básica debe contemplar el conocimiento y estudio del hecho religioso, como un parte más del conocimiento del mundo al que los alumnos se van a integrar. La presencia de las distintas confesiones religiosas en la educación, y de la religión Católica en particular, debe ser la que resulte congruente con nuestra Constitución. La educación pública debe ser laica, porque es la condición fundamental para que sirva a la construcción de una sociedad democrática. El estado debe garantizar el derecho del alumnado a recibir formación religiosa confesional según sus propias creencias, pero no dentro del currículo escolar.

Además de estas condiciones, si queremos de verdad un pacto escolar duradero y válido, deberá ser discutido, debatido y pactado por todos los implicados en el proceso educativo. Familias, profesorado, alumnos, sindicatos y partidos políticos. Respecto a la participación de las distintas opciones políticas en el pacto, sería aconsejable conocer que postura mantiene cada uno de los partidos al respecto. Y también sería una condición indispensable que no se quedara fuera del mismo ninguno de ellos, incluidos por supuesto los partidos nacionalistas. Aquí las “líneas rojas” no pueden existir. La estructura del sistema educativo tiene que ser congruente con la estructura del Estado español, y en esto tienen mucho que decir estas formaciones políticas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada