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Diario Palentino, 31.10.2016 |
EL DILEMA
El pasado 29 de octubre se
produjo en el Congreso de los Diputados un hecho que nos tiene a los
socialistas españoles, y nos tendrá en los próximos meses, en estado de
permanente crispación. Quince diputados y diputadas del Grupo Parlamentario
Socialista desobedecieron la orden del Comité Federal y la Dirección del Grupo,
y votaron no en la investidura de Mariano Rajoy. Para hacerlo, alegaron que
anteponían su compromiso ético y moral con los electores, a los que les habían
solicitado el voto con la promesa formal de que si se lo otorgaban cambiarían
la forma y los objetivos del gobierno de este país, a la disciplina de voto que
se les imponía desde el Partido.
A este argumento, ya de por sí de
mucho peso, se añade el procedimiento por el que los órganos de dirección del
PSOE tomaron una decisión de tanta gravedad y trascendencia para el futuro de
nuestra organización. Los integrantes del Comité Federal votaron según su
propio y exclusivo criterio, sin debatir de forma generalizada y organizada en
sus asambleas la controvertida decisión, y con la oposición, masivamente
mayoritaria, de aquellas asambleas locales que se han celebrado por iniciativa
de sus responsables.
Este dilema moral entre su
compromiso con el electorado y la disciplina de partido, ha sido resuelto por
diputados y diputadas de distintas formas, todas ellas respetables. Unos, la
mayoría, acatando las órdenes y absteniéndose. Otros, una minoría, añadiendo a
su abstención la coletilla de “por imperativo”. Los quince del voto negativo,
siendo coherentes con su compromiso electoral y con la militancia que se ha
manifestado en contra. Y uno, Pedro Sánchez, el primer secretario general del
PSOE elegido en unas primarias, dimitiendo de su condición de diputado y
prometiendo recorrer España para explicar su decisión y luchar para cambiar la
deriva del PSOE.
La cuestión que ahora se plantea
es: ¿Deben ser sancionados los diputados y diputadas que votaron no?
Muchísimos militantes y votantes
pensamos que no, puesto que lo han hecho por coherencia con lo prometido en
nuestra campaña electoral, recuerden “Un
SÍ por el cambio”, y atendiendo a los deseos de la mayor parte de los
afiliados que se han pronunciado al respecto en la asambleas. Han optado en
conciencia, pues entienden que la rendición de cuentas y la responsabilidad
institucional de un representante político, no debe hacerse sólo ante los
órganos del Partido, sino también, y sobre todo en este caso con un viraje tan
radical en nuestra postura, ante nuestros representados y electores, que
votaron al PSOE para cambiar de gobierno y de forma de gobernar.
En defensa de los que votaron en
conciencia, se podrían citar las palabras de un insigne compañero diputado y
catedrático de Derecho Constitucional, según las que ciertos supuestos de objeción
de conciencia implica integrar "lo moral en lo jurídico"; la objeción
deja de ser una conducta ilegal, "para convertirse en un mecanismo
jurídico que permite conciliar obligación jurídica con obligación moral;
resolviendo, a la postre, por la vía de la excepción, conflictos entre mayoría
y minoría".
Pero es que además, existen
sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en las que se
mantiene: “Por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que
existe y puede ser ejercitado con independencia de que se haya dictado o no su
regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho
fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el art. 16.1 CE
y como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es
directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”.
En fin, si hasta el Código Penal
Militar, Ley Orgánica 14/2015, en su Artículo 44.3, establece excepciones a la
responsabilidad criminal de los militares por desobedecer una orden en
determinados supuestos, ¿va el Partido Socialista a sancionar a aquellos que
han votado con el sentir mayoritario de nuestros electores y la militancia?
Sería paradójico, y muy difícil de entender y asumir. Y además lo pagaríamos
muy caro electoralmente.
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