LOMCE y Democracia

Esta misma mañana, en un coloquio sobre la LOMCE, califiqué al aún proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, como una "ley no democrática". Uno de los participantes en el coloquio argumentó en contra de este calificativo que la ley era absolutamente democrática porque, si finalmente se aprueba, lo hará por un parlamento democráticamente elegido. Desde un punto de vista formal, el argumento es impecable pues, en teoría, las leyes que se aprueben en un sistema democrático, aunque salga aprobada con el apoyo de un único partido político de los allí representados (el Partido Popular), son democráticas.

Pero a pesar de este formalismo democrático en su aprobación, yo sigo manteniendo que es una ley "no democrática", aunque probablemente sería más correcto definirla como "antidemocrática"; trataré de explicar el por qué.

El artículo 27.7 de la Constitución española de 1978 establece que: "Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y la gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca." Como diría nuestro ínclito Presidente señor Rajoy, "fin de la cita".

En la actual y aún vigente Ley 2/2006 de Educación, (LOE) se establecen y regulan los términos en los que la comunidad escolar participa en el control y la gestión de los centros. 

El artículo 119 de la LOE, ya desde su enunciado, deja claras sus intenciones: "Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos y privados concertados". 

Pero es que para mayor abundamiento, el punto 2 del citado artículo 119, establece claramente que "La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través del Consejo Escolar". Y finalmente, por si esto fuera poco claro, el  punto 6 del reiterado artículo vuelve a reiterar: "Los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados de gobierno: Consejo Escolar y Claustro de profesores". (Los subrayados son míos)

Pues bien, el texto de la LOMCE que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, con los votos a favor del PP en solitario, y que se ha remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, le mete un hachazo radical y definitivo a la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los centros sostenidos con fondos públicos.

En efecto, el punto sesenta y ocho del artículo único de la LOMCE, modifica de forma sustancial el reiterado artículo 119 de la LOE.Aunque el enunciado del artículo se mantiene, "Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos y privados concertados", su desarrollo contradice el espíritu del mismo. El término "gobierno" no vuelve  a aparecer en ninguno de los cinco puntos en que se estructura la nueva redacción del artículo 119.

Así, en su punto 1 que en la LOE decía: "Las Administraciones educativas garantizarán la participación de la comunidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros.", la nueva redacción de  la LOMCE establece: "Las Administraciones educativas garantizarán la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos a través del Consejo Escolar."

Más adelante, el punto 2,  "La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través del Consejo Escolar", desaparece, y ahora contiene lo que antes figuraba en el punto 3: "Los profesores participarán también en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de profesores que impartan clase en el mismo curso."

De la misma forma, lo que en la LOE eran los puntos 4 y 5, pasan a ser los punto 3 y 4 de la LOMCE. Y finalmente, el fundamental y básico punto 6 de la anterior ley -"Los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados de gobierno: Consejo Escolar y Claustro de profesores"-  desaparece en la LOMCE y su punto 5 dice: Los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados, con las funciones que se indican en esta Ley: a) Consejo Escolar. b) Claustro de Profesores."

Comparativa del artículo 119 LOE-LOMCE

Para terminar, y por si estos fueran pocos argumentos para calificar a la futura LOMCE como una ley antidemocrática, veamos ahora el procedimiento para la elección del director en los centros públicos.

En la LOE se establece que dicha selección se realizará en una comisión que estará constituida de la siguiente forma: "Al menos un tercio de los miembros de la comisión será profesorado elegido por el Claustro y otro tercio será elegido por y entre los miembros del Consejo Escolar que no son profesores."

Por el contrario, en la nueva redacción que se da a esta materia en la LOMCE, se dice: "La selección será realizada por una comisión constituida, por un lado, por representantes de las Administraciones educativas, y por otro, en una proporción mayor del treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del centro correspondiente."

A la vista de esto, ¿dónde queda el espíritu democrático y participativo en la LOMCE? ¿Podemos considerar "democrática" una ley que cercena de forma radical la participación democrática de los profesores, de los padres y de los alumnos, en su caso, en el "gobierno" de los centros?

Yo creo que no. Y por eso me ratifico: la futura Ley para la mejora de la calidad educativa, de aprobarse en los términos actuales, será una "ley antidemocrática"

En defensa del sistema público de pensiones

Hoy me vais a permitir que os remita a un documento que me parece muy interesante y que ha sido elaborado por un grupo de economistas y juristas de izquierdas que, aunque parezca mentira, "haberlo haylos".
Yo ya me he adherido a él, así que os dejo en la parte derecha de mi blog, un enlace permanente al mismo.

LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.

Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado  como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen”, cuando la variable importante es “cuánto se produce”.

Conscientes de que se trata de un problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas previamente tomadas.

         Hace ya muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales, demandando su sustitución por planes privados, hasta los medianamente posibilistas, que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo, allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios, expertos, técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad, querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más bien inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses para llegar a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema público si no se reformaba. Una vez más se empleó la expresiónquiebra de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fueron facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?, ¿quiebra? “Será incompatible con Maastricht”. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registró un superávit del 0,4%.

La argumentación de todos estos informes era similar: el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el sistema público de pensiones. Vaticinaban que en un determinado número de años se produciría la quiebra de la Seguridad Social. El tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones. A cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de actividad, tendrá algo que ver en la solución.

Continuar leyendo el documento aquí

El PSC ha perdido el norte

Alfredo Pérez Rubalcaba y Pere Navarro

Y el sur, y el este y el oeste. O al menos lo ha perdido su primer secretario, el, por mucho que me pese, compañero Pere Navarro. El bueno de Pere se ha despachado esta mañana con que  "sería bueno que la corona arbitrara esa segunda transición democrática, protagonizada por los partidos", y que "sería una posibilidad" que la Corona ejerciera ese papel de mediación.
¡Lo que me faltaba por ver! en este caso, oír. Sobre todo cuando, hace solo unos meses, el ínclito compañero se destapó diciendo que el Rey estaba más o menos que "chocho".
Lo que tienen que hacer los compañeros del PSC es aclararse de una puñetera vez sobre su posición con respecto a la independencia de Cataluña, y dejarse de pamplinas sobre su apoyo al derecho a decidir. Esto último no es más que un desideratum que no nos lleva ningún sitio.
Como muy bien escribe hoy Javier Cercas en EL PAÍS SEMANAL, "se puede ser demócrata y estar a favor de la independencia, pero no se puede ser demócrata y estar a favor del derecho a decidir, porque el derecho a decidir no es más que una argucia conceptual, un engaño urdido por una minoría para imponer su voluntad a la mayoría."
El PSC hace mucho tiempo que perdió su visión de lo que significa ser un partido de izquierdas, y se dejó arrastrar al terreno del nacionalismo más rancio, olvidando que socialismo y nacionalismo son dos conceptos incompatibles.
Hace ya muchos, pero que muchos años, cuando uno recibía sus primeras lecciones de política en la clandestinidad del franquismo, recuerdo que una de las primeras cosas que aprendí es que el único freno al capitalismo más crudo e inhumano era la unidad de los trabajadores del mundo; que yo tenía más cosas en común con un maestro francés, alemán o ugandés, que con un terrateniente palentino, castellano (entonces aún no se había elaborado el término castellano y leonés) o español.
Esta deriva del PSC nos ha llevado a que, en la actualidad, muchos catalanes manifiestan abiertamente que ellos no pueden votar al PSOE, porque este partido no se presenta en Cataluña.
Así que, compañero Pere y compañeros de la dirección del PSOE, dejad de hacer y decir tonterías, poneros las pilas y redifinir de un puñetera vez nuestros papeles. De no hacerlo, España lo pagará muy caro.

PSOE de Castilla y León, "nuca es tarde si la dicha es buena"

O "más vale tarde que nunca"; o "donde dije digo, digo Diego"; o "arrieritos somos, y en el camino nos encontraremos"; o"rectificar es de sabios". O, siendo mal pensados, que no es el caso !por supuesto!, un buen cambio de criterio a tiempo puede salvar una carrera política.

En cualquier caso, bienvenido sea el cambio de criterio, anunciado a bombo y platillo en la prensa leonesa (cuya provincia posee, !qué casualidad¡, la más potente agrupación del PSOE en la comunidad, al menos en cuanto al número de afiliados) por nuestro secretario general Julio Villarrubia: "Villarrubia defenderá las primarias para elegir a los secretarios generales"

Foto: Nacho Gallego. D.L.

Diario de León. 15.08.2013:

El líder del PSCyL es partidario de esta opción como un medio para conseguir un partido «más abierto y movilizado». «Puede ser un avance importante en estos momentos en que se ha abierto la posibilidad de modernizar la organización», indicaron fuentes próximas al secretario autonómico. Las mismas fuentes argumentaron, en apoyo a la posición de Villarrubia, que existe «un clamor para que el PSOE otorgue un papel más activo y más decisorio a los afiliados».

Y lo digo porque se de qué hablo. Hace algo más de un año -con la edad uno va perdiendo la perspectiva del tiempo y no puedo ser más preciso-, en las asambleas locales y congresos provinciales preparatorios del Congreso Federal de Sevilla, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Palencia, con el citado Julio Villarrubia como secretario general de la misma, se opuso sistemáticamente a todas las enmiendas que en esa línea de democratización y apertura del Partido, planteamos un grupo de compañeros y compañeras, a los que de forma habitual se nos conoce en los medios de comunicación como "el sector crítico". Y hicieron esa oposición con mucho brío y con argumentos que según ellos y ellas eran irrefutables: que si el PSOE ya era el partido más democrático de España; que el sistema de primarias podía llevar al Partido al caos. Y lo mejor de todo era que ¡parecía que se lo creían!

¿Qué ha pasado en tan poco tiempo para este cambio radical de criterio? 

¿Han reflexionado sobre nuestros argumentos y han llegado a la conclusión de que teníamos razón? Si es así, un poco lentos de entendederas si que son. ¿Se ha caído Julio del caballo y ha visto la luz de la verdad? Si esta es la causa, ya tenemos un ultra defensor de las primarias, pues sabido es que los conversos de última hora son los más radicales, y para ejemplo ya tenemos a San Pablo.

¿O será que han hecho cuentas y le es más fácil ganar la secretaria general mediante primarias que con los procedimientos anteriores?

En cualquier caso, y sea cual sea la causa de este cambio de criterio, bienvenido sea Julio Villarrubia a la postura de los que creemos que es imprescindible una mayos apertura y participación de los afiliados en las decisiones de nuestro Partido.

P.S.- Supongo que a partir de ahora dejaran de acusarnos de que con nuestras posiciones "hacemos un gran daño al Partido"

Las llaves de San Pedro

El único estado teocrático que queda en Europa lleva en su bandera, amarilla y blanca, un escudo en el que se representan dos llaves cruzadas atadas con un cordón y una tiara imperial.
Las llaves entrecruzadas son las llaves de San Pedro. La llave amarilla además representa al poder espiritual de la Iglesia Católica y la gris su poder temporal. El cordón es el símbolo del vínculo entre los dos poderes. Las llaves son, desde el siglo XIV, símbolo de la Santa Sede. La tiara está compuesta por tres coronas que representan las atribuciones del papa como "pastor", "maestro" y "supremo sacerdote" de la Iglesia.
Este es su significado oficial e histórico, pero en la España de nuestros días, también podrían tener otro más actual y contemporáneo.

En efecto, la Iglesia católica ha monopolizado históricamente en España "la llaves de las almas", puesto que no ha tenido la competencia de ninguna otra creencia religiosa desde los Reyes Católicos y, pese a tener que rivalizar a partir del siglo XIX con otros universos simbólicos que no admitían su prerrogativa de la verdad, la sociedad española ha conservado la raíces católicas, gracias a la confesionalidad del estado, hasta finales del siglo XX.
También ha dispuesto de las "llaves de las arcas" mientras fue un estamento privilegiado y, aunque las perdió con la revolución liberal, siguió teniendo a mano el "llavero" gracias a la indemnización obtenida a partir de los concordatos de 1851 y 1953, que ha continuado, por otra vía, con los acuerdos parciales de 1979.
A estas dos llaves, de las almas y de las arcas, se sumó la compensación más importante y destacada que le podía hacer el poder civil: la entrega de lo que puede calificarse de "llave de las aulas". Esta última llave, que es de una importancia capital para cualquier creencia religiosa, pues las aulas y la educación son un lugar privilegiado para perpetuar su influencia social y moral, o para consolidar su capital simbólico, ha estado en poder exclusivo y excluyente de la Iglesia Católica desde el siglo XIV; continuo con la Ley Moyano de 1857 y ha permanecido en sus manos, con breves excepciones temporales durante la II República, hasta nuestros días.

Si la insolidaria y excluyente Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se aprueba finalmente tal y como está en la actualidad, la jerarquía de la Iglesia Católica española tendrán en sus manos, las llaves, el llavero, los candados y las cerraduras de la educación en España.
Y el artículo 16 de la Constitución de 1978, seguirá siendo papel mojado.

Constitución española de 1978

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.