El PP(AP) y la Constitución Española de 1978: una historia de odio/amor

 

En el 45º Aniversario de la aprobación de la Constitución Española

La vigente Constitución Española de 1978 (CE), fue aprobada en referéndum por la ciudadanía española el día 6 de diciembre de 1978. Votó en la consulta el 67,11% del censo electoral, haciéndolo afirmativamente el 91,81% de los que participaron, es decir, el 58,98% del total de la población española en ese momento.

Previo a este referéndum, el 31 de octubre de ese mismo año, se había aprobado en el Congreso de los Diputados el dictamen final del proyecto constitucional, con los votos a favor de UCD, PSOE,​ PDPC, UDC-DCC y PCE. Alianza Popular (AP), antecesores de lo que hoy es el Partido Popular (PP), dividió sus votos¹ entre el sí (ocho diputados), el voto negativo (cinco diputados) y la abstención (tres diputados).

Durante la campaña previa, UCD, PSOE, PDPC, UDC-DCC, PCE, ORT, PTE y PC ², pidieron el voto favorable en el referéndum, mientras que AP, totalmente divididos como demostró su voto en el Congreso, pidieron el sí con la boca pequeña y sin que se notara mucho. Por cierto, se ve que los referéndums no son el fuerte de AP ya que, en el que se convocó en 1986 para la permanencia o no en la OTAN, tampoco se aclararon mucho pues propugnaron la abstención o el voto en blanco³.

Cuando Manuel Fraga Iribarne funda AP en 1976, el sustantivo “partido” aún despertaba una fuerte repulsión heredada del franquismo, de ahí que naciera como “alianza”, para evitar susceptibilidades conceptuales. Tras una serie de malos resultados electorales en las elecciones generales de los años 1977, 1979, 1982 y 1986, Fraga deja la presidencia del partido y le sustituye Antonio Hernández Mancha, que después de la frustrada  moción⁴ de censura contra Felipe González de 1987, aguantó malamente un año, hasta que a principios de 1989 don Manuel se vio obligado a tomar de nuevo las riendas, y refundar el partido ya como Partido Popular.

Mientras la “alianza” perdía por el camino algunos atavismos franquistas y se convertía en “partido”, un joven inspector de finanzas, el ínclito don José María Aznar López que durante su juventud había militado en el Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES),​ sindicato estudiantil que fue embrión de Falange Española Independiente (FEI), se afiliaba a AP en 1979.

Durante su militancia en el FES, Aznar fue uno de los muchos responsables  del mismo que dirigieron una actitud crítica hacia el franquismo postrero y su fachada política, el Movimiento Nacional, y que reivindicaban el pensamiento original del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Destinado a Logroño como inspector de Hacienda, se dio a conocer en los ambientes políticos a través de una serie de artículos publicados en la prensa local en los que deslizó opiniones reticentes con la Constitución democrática aprobada por las Cortes en octubre de 1978 y sancionada en referéndum dos meses después. En sus comentarios periodísticos Aznar se mostraba como un nacionalista español al que inquietaba particularmente el Título  VII de la Constitución, que organiza territorialmente al Estado como un ente descentralizado, formado por comunidades autónomas dotadas de amplias competencias en detrimento del poder central. En uno de esos artículos calificaba de "charlotada intolerable" el nuevo marco autonómico que la CE78 establecía. Tampoco le hacía mucha gracia el contenido del artículo 27, que regula el derecho a la educación, y del Título VII sobre la economía y hacienda, del que en un artículo publicado el 23 de febrero de 1979 en el periódico “Nueva Tribuna” manifestaba su desconfianza hacia la recién aprobada Constitución española porque "tal como está redactada, los españoles no sabemos si nuestra economía va a ser de libre mercado o por el contrario va a deslizarse por peligrosas pendientes estatificadoras y socializantes; si vamos a poder escoger libremente la enseñanza que queramos dar a nuestros hijos o nos encaminamos hacia la escuela única;…”. En resumen, el jovencito don José María expresaba en sus artículo de aquellos años, su total comprensión hacia quienes se abstuvieron en el referéndum que aprobó la Constitución, y creía que el “consenso”, tan valorado y alabado por sus conmilitones de hoy, “había provocado la desconfianza de una enorme masa de españoles en el buen funcionamiento del sistema democrático". ¡Toma del frasco!

En fin, hoy, 44 años después de aquellas palabras  de Aznar,  y  tras la complicada relación de AP/PP con nuestra Carta Magna,  parece que los Aznar, Feijóo, Ayuso, Almeida, Semper, etc., son los que redactaron la Constitución del 78, pues se refieren a ella como si les perteneciera. O peor aún, como si solamente ellos tuviesen el derecho de interpretarla y de defenderla.

¡MANDA HUEVOS!

 

Notas

(1)      Durante la votación en el Congreso de los Diputados de la Constitución de 1978 el 31 de octubre de 1978, 8 diputados votaron a favor, 5 votaron en contra y 3 se abstuvieron.​ Los votos negativos fueron los de Gonzalo Fernández de la Mora y Mon, Alberto Jarabo Payá, José Martínez Emperador, Pedro de Mendizábal y Uriarte y Federico Silva Muñoz y los diputados que se abstuvieron fueron Licinio de la Fuente y de la Fuente, Álvaro de Lapuerta Quintero y Modesto Piñeiro Ceballos.

(2)      UCD: Unión de Centro Democrático; PSOE: Partido Socialista Obrero Español; AP: Alianza Popular; PDPC: Pacto Democrático para Cataluña; UDC-DCC: Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya; PCE: Partido Comunista de España; ORT: Organización Revolucionaria de Trabajadores; PTE: Partido del Trabajo de España; PC: Partido Carlista.

(3)      En el referéndum sobre la OTAN hubo una participación el 59,42%, votando sí el 56,85%, y no el 43,15%.

(4)      Solo obtuvo 67 votos favorables de AP y Unión Valenciana.

LA ESPAÑA EN LA QUE CREE ALFONSO GUERRA

Llevo varios días dándole vueltas al prólogo que el compañero Alfonso Guerra ha escrito para la nueva edición de su libro “La España en la que creo”, del que he tenido conocimiento porque se publicó el pasado 15 de  marzo en el diario El Mundo.

Vaya por delante el derecho indiscutible que tiene el ciudadano y militante socialista Alfonso Guerra a expresar sus opiniones dónde y cómo él crea más conveniente ¡Faltaría más! Ahora bien, el compañero Alfonso, que lo ha sido todo y ha ostentado el mayor poder que nadie pueda imaginar en el PSOE, debería de tener un poco más cuidado con lo que escribe, y cuándo lo escribe. Y sobre todo, no debería, para argumentar su relato, falsear la realidad social y política de esa España en la que él dice creer, olvidando, no sé si intencionadamente o por efecto de la edad, los logros conseguidos por un gobierno de coalición, presidido –no lo olvides querido Alfonso- por nuestro Secretario General Pedro Sánchez. Por cierto, un secretario general elegido por primera vez en unas primarias por la militancia. ¿Alguien se puede imaginar lo que hubiera pasado si un afiliado escribe y publica un artículo similar al que estoy comentando, cuando Alfonso Guerra lo era todo en el Partido?

Pero lo que no es de recibo es que el compañero se olvide de los avances sociales y económicos, y de la ampliación de libertades logradas gracias a la acción política de este Gobierno de coalición. Mala memoria tiene el compañero si ya no recuerda los ERTES y las ayudas a los autónomos durante la pandemia; o las leyes que han consolidado y ampliado derechos como el aborto, la eutanasia, la ley trans o la de libertad sexual; o las leyes que protegen y mejoran la situación de los y las trabajadoras, como la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, la subida y la reforma del sistema de pensiones. Muchas de ellas pactadas con los sindicatos y con la furibunda oposición de la derecha y la patronal.

No puedo entender que, quien fue vicepresidente de varios gobiernos del PSOE y activo participante en la elaboración de la Constitución del 78, pretenda que es una traición a esa constitución tomar decisiones políticas y legislar dentro del marco constitucional, para conseguir que los secesionistas se alejen de las posturas independentistas y participen de nuevo en la gobernabilidad desde el Parlamento, con la legitimidad que les dan los votos que los han llevado allí. Acaso, con esa falta de memoria que demuestra el compañero Alfonso, se ha olvidado cuando les repetía una y otra vez a los que usaban la violencia que, solo desde el diálogo y la negociación, era posible el entendimiento.

Pero cuando mi asombro y decepción llegan a su máximo nivel es cuando me entero que, según él, el PSOE “ha renunciado al socialismo liberal en el que se había apoyado durante toda su historia”. Yo siempre creí, principalmente escuchándole a él, que militaba en un partido que representaba la socialdemocracia pura heredada de Pablo Iglesias Pose.

Y todo esto, lo ha escrito y publicado a dos meses de unas elecciones municipales y autonómicas. Creo que alguna pista sobre lo estrambótico de tu postura actual, te lo debería dar el que has pasado de ser uno de los políticos más odiado por la derecha de este país en los años ochenta, a ser alabado y jaleado por esos mismos. ¡Qué pena, compañero!

Quiero terminar con unas palabras de José María Maravall, que expresan lo que siento mucho mejor que lo haría yo mismo:

"En este punto del camino, con la ventaja que da la perspectiva y la vida acumulada, creo que las etapas de gobiernos socialistas en España han supuesto para el país la mejor inyección de progreso, bienestar, modernidad y europeísmo, que jamás hubiéramos imaginado a fines de los años setenta. Participé en esos cambios perteneciendo a los gobiernos de Felipe González. [En mi caso como Diputado en el Congreso]. Asistí a la expectación que levantaron los nuevos aires y las políticas de Zapatero. Y presencio con orgullo ciudadano la tarea actual del presidente Pedro Sánchez, quien de nuevo está profundizando la democracia española a través de políticas socialdemócratas que están teniendo una considerable repercusión internacional."

 

El manipulado debate sobre la ley del Solo Sí es Sí

 

Aunque como es lógico, he seguido con atención y preocupación el debate que durante estos últimos meses han mantenido los socios del gobierno de coalición, PSOE y UP, con motivo de la supuesta modificación de la conocida como “ley del sí es sí”,  ha sido tras escuchar el debate que se produjo en el Congreso de los Diputados el pasado 7 de marzo, cuando me he decidido a hacer algunas consideraciones al respecto, pues da la sensación de que algunos y algunas, no sé si por desconocimiento o por mala fe, intentan liar al personal y por desgracia, en muchos casos, lo consiguen. Antes de entrar en ellas, creo que es necesario dejar claras al menos tres cuestiones:

Primera. El actual gobierno de España está integrado por una coalición de dos formaciones políticas que obtuvieron el apoyo parlamentario suficiente para formarlo. Por lo tanto es normal que tengan posturas diferentes sobre muchos temas, sin que esto tenga que implicar la ruptura del pacto de gobierno.

Segunda. Lo que se debatió y aprobó en el Congreso el pasado 7 de  marzo fue, según se puede comprobar en el Orden del Día fue la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica del Grupo Parlamentario Socialista, para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (LOCP), en los delitos contra la libertad sexual; de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM). En ningún caso la “aprobación de la ley”, como interesadamente nos han querido hacer creer políticos de todo signo y muchos medios de comunicación, pues la citada ley tendrá ahora que iniciar su debate y tramitación parlamentaria en el Congreso, durante el cual se podrá discutir, enmendar y pactar lo que sea necesario para su definitiva aprobación.

Tercera. La llamada Ley del Sí es Sí, se denomina realmente Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGILS), tal y como está publicada en el B.O.E. de fecha 7 de septiembre de 2022. (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14630&p=20220907&tn=1#pr)

Si fuéramos capaces de leer y no creernos todo lo que nos cuentan sin pestañear, tendríamos claro que el texto de la llamada “Ley del Sí es Sí” no sufre alteración alguna porque la misma no es objeto de modificación, sino que lo que se modifican son algunos artículos de la LEC, del Código Penal y de la LORPM, elevando las penas de los delitos que se ven afectados por la Ley 10/2022. Difícilmente por tanto se puede afirmar que “se saca de la ley el consentimiento”, ya que, insisto, la LOGILS no se modifica, por lo que la literalidad de su contenido, desde el preámbulo, pasando por sus 61 artículos, sus 5 disposiciones adicionales, su disposición transitoria única y sus 25 disposiciones finales, así como el espíritu que la inspira, seguirán vigentes.

En este debate, como en otros muchos en los que actualmente nos meten, se echa en falta la información veraz, por lo que me parece muy conveniente para hablar sabiendo de lo que hablamos, ir a los documentos verdaderos, y no a lo que nos cuentan. Vayamos pues a lo que dice la proposición de ley que inicia su tramitación parlamentaria, tras la votación del pasado 7 de marzo en el Congreso de los Diputados.

La proposición de ley es corta, solamente tiene siete páginas, así que recomiendo su lectura íntegra en este enlace: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-318-1.PDF. No obstante voy a recoger íntegramente los dos primeros párrafos de su exposición de motivos:

“La Ley Orgánica 10/2002, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de Libertad Sexual, ha dado una nueva regulación a los delitos contra la libertad sexual, para unificar los anteriores tipos de abuso y agresión sexual en un solo tipo, el de agresión sexual, que comprende cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, el cual se define en los siguientes términos: «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona» (artículo 178.1 del Código Penal).

Respetando este modelo, es importante blindar la ley en favor de las víctimas y evitar el efecto no deseado de una posible aplicación de las penas mínimas de los nuevos marcos penales, que son más amplios, para que en casos graves no exista la posibilidad de que se impongan penas bajas, pero sin afectar al corazón de la norma, ya que se mantiene la íntegra definición del consentimiento y, por tanto, la esencia de la regulación de los delitos contra la libertad sexual.” (Los subrayados son míos)

Resumiendo, dado que el “consentimiento expreso” quedó recogido en el artículo 178.1 del Código Penal tras la aprobación de la Ley del Sí es Sí, y que en la proposición de ley que se va a debatir no se propone la modificación de dicho artículo, es evidente que “no se saca de la ley el consentimiento”, al contrario de lo que nos quieren hacer creer interesadamente.

Tiene que quedar meridianamente claro que con la proposición de ley de reforma de la ley del Sólo el sí es sí, no se está traicionando a las mujeres, sino todo lo contrario. Los mensajes de que con esta ley “el PSOE traiciona a las mujeres”, o que “se vuelve al Código Penal de la manada”, son absolutamente falsos además de injustos, y solo se entienden desde la crispación y los  nervios ante las próximas citas electorales, o desde la mala fe y el interés de enfangar aún más la vida política de este país.

No ha habido ni un solo avance en materia de derechos fundamentales en general, y de derechos derivados del principio de igualdad particularmente, de los que no haya sido protagonista el PSOE, en solitario o como fuerza política determinante para conseguirlos. Y cuando digo ninguno, es ninguno. Desde el divorcio a la ley trans, pasando por la despenalización del aborto, la ley del matrimonio igualitario, o la ley contra la violencia de género, todas han sido posibles gracias al impulso y apoyo del PSOE.

Hay que ser muy miserable para acusar al PSOE de traicionar a las mujeres, sabiendo perfectamente que no es verdad. Así que ojo a lo que nos quieren vender.

¡Pues no era una broma! La rehabilitación de Jardinillos, finalista de los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León

 

El pasado 7 de marzo, vísperas del Día internacional de la Mujer, la prensa palentina nos despertó con una gran noticia: “La rehabilitación de Jardinillos, finalista de los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León”.

La primera reacción de muchos, incluida la mía, fue consultar el calendario y comprobar si, en una reedición del Día de la Marmota, habíamos regresado al 28 de diciembre. Pero no, Google no miente, al menos en la fecha, y en efecto no era el día de los “inocentes”. Justo el día en el que el ayuntamiento capitalino, en una tardía y desaforada acción de poda arremetía contra un buen número de árboles del parque de los Jardinillos para intentar arreglar el daño causado a los mismos por la “rehabilitación de Jardinillos”, nos enteramos que es finalista a un premio de “Construcción Sostenible”, y que no era una broma de mal gusto. ¡Manda huevos!, que diría don Federico Trillo.

Recordemos que este proyecto de infausta  memoria, pretendía eliminar 70 árboles sanos, que fueron salvados de la tala por la acción emprendida por el colectivo “Una silla, una  manta, un libro”, que, ante la cabezonería y empecinamiento del Ayuntamiento, terminó ante los tribunales, que fallaron a favor del colectivo, prohibiendo la tala de los árboles y condenando en costas al consistorio. Costas que, por supuesto, no pagan los ediles responsables del desaguisado, sino toda la ciudadanía de palentina.

Recordemos también que el mismo colectivo, que por parte del señor concejal de Urbanismo, don Luís Fernández, tuvo que soportar todo tipo de desprecios y descalificaciones en los medios de comunicación, advirtió repetidamente durante el tiempo que duró la “rehabilitación”, que el daño que las obras estaban causando al arbolado eran irreparables y que, en poco tiempo, íbamos a ser testigos de sus consecuencias, como desgraciadamente ha sido. Un número considerable de árboles, que estaban sanos antes de la obra, y que curiosamente no es ninguno de los 70 propuestos para la tala inicial y salvados por  la justicia,  tienen ahora que ser talados o podados salvajemente por culpa de un proyecto que, incongruencias de la vida, es ahora finalista a un premio que lleva el apellido “sostenible”. Insisto, ¡manda huevos!

Puede que la explicación a tamaña barbaridad, esté en quién promueve los citados premios. Los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León son una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León “en colaboración con el Instituto de la Construcción de Castilla y León”. La colaboración de una Consejería que tiene entre sus competencias temas con intereses tan contradictorios como “medio ambiente”, “vivienda” y “ordenación del territorio”, con una Fundación que está constituida por un Patronato que lo integran tres Universidades Públicas de Castilla y León, y seis colegios profesionales relacionados con el sector y la Asociación Empresarial que representa a todas las empresas de Castilla y León, puede comenzar a despejar el misterio, y más teniendo en cuenta que, la empresa adjudicataria de la obra fue Ferrovial. Sí, esa que ahora fija su sede social fuera de España por razones no muy bien explicadas, pero que todos y todas tenemos muy claras.

No me digan que no es para quedarse de “granito” el que, como dice la nota de prensa que nos lo anunciaba a bombo y platillo, se pretende distinguir con estos galardones, a los “proyectos y actuaciones de construcción… que aporten aspectos relevantes, innovadores y de integración que permitan demostrar su comportamiento sostenible y su contribución a la revitalización y mejora de la calidad del espacio y la biodiversidad en los entornos urbanos y rurales”. Parece ser que para los organizadores de los premios de marras, talar árboles son motivo y destrozar con las obras árboles sanos a diestro y siniestro, mejora la calidad del espacio y la biodiversidad de los entornos urbanos.

Ahora eso sí, el concejal de Urbanismo don Luis Fernández, se muestra exultante con la noticia y afirma con total rotundidad que, “para el Ayuntamiento de Palencia es un orgullo que se reconozca esta reforma integral del Parque de los Jardinillos, pues no solo es un referente desde el punto de vista urbanístico y medioambiental, sino que además es una actuación de la que nos sentimos particularmente orgullosos, pues nos ha permitido recuperar un espacio emblemático de la ciudad, que estaba entrando en desuso”.

En fin, me voy al “bolo” que da título a este blog, porque se necesita mucha paciencia para aguantar semejantes despropósitos.

Podas salvajes en Jardinillos

La “inviolabilidad” personal del Jefe del Estado

La “inviolabilidad” personal del Jefe del Estado

El artículo 56.3 de la Constitución Española establece que: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.”

Según mi humilde opinión, tal inviolabilidad afectaría solamente a los actos y funciones que se recogen en el artículo 62 (C.E.), y que como Jefe del Estado le son propios, pero siempre “refrendados por el presidente del gobierno y por los ministros competentes“, quienes se convierten en responsables de los mismos,  según el establece el artículo 64.2 (C.E.): “de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden”.

A mi modo de ver, se está difundiendo intencionadamente, una cierta confusión entre los “actos personales” del monarca o rey,  y los actos y funciones “que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes” (C.E. Artículo 56.1) al Jefe del Estado, lo que nos llevaría a no hacer ninguna distinción entre los actos  personales y lo institucionales. Frente a esta intencionada tergiversación entre los actos personales y los de la Jefatura del Estado, existen variadas publicaciones de expertos constitucionalistas en los que se aborda la cuestión desde el punto de vista jurídico, sustentándose sobre qué tipo de actos son los considerados “inviolables” (los refrendados por el gobierno) y qué otros no (los particulares de la persona) que quedarían fuera de tal “inviolabilidad”.

De admitirse que la inviolabilidad cubre también los actos personales, supondría que la “persona” que ejerce la Jefatura del Estado estaría “por encima de la ley”, lo que iría contra el propio artículo 14 de la C.E. : “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, y situaría a una “persona” por encima del propio estado de Derecho, y por encima de los poderes clásicos: parlamento, gobierno y poder judicial. La interpretación más extendida entre los expertos es que, en sus actos privados (como persona), quien en cada momento ostente el cargo, sigue estando, como el resto de los ciudadanos, sometido a las leyes. La “inviolabilidad” no lo afectaría, ya que, al igual que los derechos igualmente inviolables de las personas, terminan allí donde pueda existir delito o la simple sospecha del mismo.

La “inviolabilidad” es un término peligroso por quedar sujeto a la interpretación interesada de quienes se arrogan poderes para ello. Interpretar en razón de preferencias personales su verdadero significado, nos lleva a esa siempre denostada inseguridad jurídica de la que nos quejamos a diario.

Así pues, yo estoy convencido de que la “persona” que ostenta la Jefatura del Estado, es “inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, exclusivamente en los actos que realice como tal, y no lo es en los que realice como “persona” particular. Y confío en que así lo ratifiquen los Jueces. 

Otro tema distinto es si la Jefatura del Estado debe ser electiva o hereditaria. Otro día hablaremos de ello.